viernes, 28 de octubre de 2011

LA UTPBA DIJO, DICE Y DIRÁ: JUICIO Y CASTIGO PARA TODOS LOS CULPABLES!

La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) expresó su satisfacción por la condena a los asesinos, desaparecedores, expropiadores de bebés y torturadores de la ESMA durante la última dictadura militar. Entre los asesinados -por los grupos de tarea- se encontraba el compañero periodista Rodolfo Walsh. 

El Tribunal Oral Federal Nº 5 de la Capital -integrado por los jueces Daniel Obligado, Germán Castelli y Ricardo Farías- condenó a Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta y Roberto Cavallo con la pena de prisión perpetua, por los secuestros, torturas y homicidios cometidos en la ESMA durante la última dictadura militar, entre ellos los de Rodolfo Walsh, las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo y las dos monjas francesas.

La misma condena le aplicaron a Oscar Antonio Montes, Raúl “Mariano” Scheller, Alberto González, Néstor Savio, Antonio Pernías, Julio Cesar Coronel, el ex policía Ernesto “220″ Weber y Adolfo Miguel Donda -tío de la diputada Victoria Donda-; a Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea le correspondieron 25 años, a Carlos Capdevilla 20 y a Juan Antonio Azic, 18.

En tanto, Juan Carlos Rolón y Pablo García Velazco fueron absueltos, pero seguirán presos por otras causas. De los condenados, algunos continuarán con prisión domiciliaria por su avanzada edad, mientras que Astiz, Acosta y Cavallo seguirán en una cárcel común.

A las adyacencias de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y de Comodoro Py acudieron los referentes de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), la diputada Victoria Donda y otros activistas por los DDHH. Fuera del edificio judicial, la asociación H.I.J.O.S montó un escenario con pantalla y congregaron a más de 500 personas. El CELS de Horacio Verbitsky estuvo presente.

Como el veredicto se leyó con más de dos horas de retraso, la tensión fue máxima. Al conocerse las penas, una a una, hubo una explosión de alegría, que se mezcló con algunos insultos contra los acusados por un lado al final de la lectura. La defensora de los ex miembros de las Fuerzas Armadas, Cecilia Pando, también presenció el cierre de la causa, pero en un sector con vidrio protector para los familiares de los acusados.

22 meses después. La primera parte de la ‘megacausa’ por los delitos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) comenzó en 2009 y pasaron 160 testigos que desempolvaron 86 delitos de lesa humanidad cometidos por el Grupo de Tareas 3.3.2.

Entre ellos los secuestros y desapariciones de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor y sus compañeras María Bianco y Esther de Careaga, el periodista y escritor Rodolfo Walsh y las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon.

Durante el juicio se ventilaron tres investigaciones: 79 desapariciones que no llegaron a ser juzgadas por las leyes de impunidad; la conocida como “Iglesia de la Santa Cruz”, donde se juntaban las primeras Madres de Plaza de Mayo, o “Monjas Francesas” y el caso Walsh, además de otros hechos individuales.


La Fiscalía y las querellas -Patricia Walsh fue representada por Myriam Bregman ( habían pedido perpetua para algunos acusados, como Astiz y Acosta, y 25 años de prisión por secuestros, desapariciones, torturas y homicidios confirmados para el resto.

Los responsables. En el banquillo estuvieron sentadas muchas de las caras de la represión: allí figuraron los marinos Astiz, Acosta y Cavallo, Juan Carlos Rolón, Antonio “Rata” Pernías y Adolfo Miguel Donda, apropiador de la diputada nacional. También se condenó a Alberto “Gato” González, Carlos “Tomy” Capdevilla, Raúl “Mariano” Scheller, Pablo “Dante” García Velasco, Oscar Antonio Montes, Jorge “Ruger” Radice y Manuel García Tallada.

Además fueron condenados integrantes de otras fuerzas: Julio Coronel (Ejército), los policías Ernesto “220″ Weber y Juan Carlos “Lobo” Fotea y el prefecto Juan Antonio “Piraña” Azic. Hubo otro acusado, el ex integrante del Servicio Penitenciario Federal, Carlos Orlando Generoso, pero el tribunal decidió suspender el proceso por “motivos de salud”.